Ley anticiencia

¿Qué no las leyes deberían de beneficiar a aquello que tratan de regular? No cuando responden a intereses sesgados.

El pasado 13 de diciembre, el presidente envió a la Cámara de Diputados una propuesta de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Al leer la propuesta, nadie estaría en contra de muchas partes. Por ejemplo, reconocer el derecho humano a la ciencia. Sin embargo, no se establecen mecanismos para asegurar varias generalidades, por lo que uno se pregunta qué tan útil sería de aprobarse esta ley.

De las partes debatibles, de hecho se propone lo que la administración actual ya ha venido haciendo. Se critica a administraciones anteriores para justificar cambios que no parece que estén resolviendo las condiciones que critican. Es cierto que hubo corrupción. Todos acordamos que hay que aumentar transparencia. Pero sin financiamiento, todo se queda en idealismo. Se menciona que el presupuesto no debe de reducirse, pero simplemente si el aumento es menor a la inflación, no se asegura la continuidad, ya no digamos el crecimiento del sector. No se habla de plazas nuevas. ¿Cómo hacer más con menos?

Uno de los aspectos más criticados de la propuesta es que el gobierno elaboraría una Agenda Nacional. Se dice que «no limita o acota la labor científica y tecnológica», pero no se van a financiar proyectos que no se consideren de «relevancia nacional», i.e. a discreción gubernamental. Esto es problemático especialmente para los investigadores y estudiantes que dependen directamente del CONACYT. Sólo un ejemplo: la administración actual no ha identificado a la inteligencia artificial como un área de oportunidad, ya no digamos prioritaria, mientras que muchos otros países están avanzando.

Sobre los derechos de propiedad intelectual, se sugiere que «responderán al interés público nacional y al bienestar del pueblo de México» (Art. 33.IX). En teoría, nada que objetar. Pero en la práctica, se desincentiva la innovación si no hay posibilidad de obtener regalías por patentes. 

El rechazo por parte de la comunidad ha sido notable. El 10 de enero se publicó un exhorto que firmamos 2391 académicos. El mismo día, las Academias Mexicanas de Ciencias, Medicina e Ingeniería emitieron un pronunciamiento rechazando la propuesta de ley. La ADIAT también publicó un comunicado el 13 de enero. ¿Tiene sentido aprobar una ley que va en contra de la comunidad a la que rige?

Ha habido amplia cobertura en medios. El 9 de enero, CONACYT envió un comunicado con fecha del 5 a miembros de la comunidad, justificando la propuesta con una retórica más burda que una estopa de segunda mano. Se usan argumentos ad hominem, criticando a científicos que se «beneficiaron» con gobiernos anteriores. Independientemente de si fuese el caso, esto no responde a los argumentos presentados: se está atacando a los científicos, no se están debatiendo propuestas. Más aún, el hecho de que haya habido situaciones en el pasado que deberían de corregirse, no implica que todo estuviese mal, ni que todos los que recibimos apoyos de CONACYT fuésemos cómplices.

CONACYT presume una amplia diversidad de fuentes para la elaboración de la propuesta, incluyendo una amplia consulta a la comunidad. Sin embargo, las partes relevantes propuestas por la comunidad no fueron tomadas en cuenta, lo que explica la reacción de los últimos días. Con la situación actual, se prevé que aumente la fuga de cerebros. ¿Por qué científicos deberían de soportar condiciones desfavorables cuando hay oportunidades en países menos violentos?

¿Qué tan grave sería que se apruebe la propuesta? ¿Se fortalece el sector? No es evidente. Pero sí se está forzando al desarrollo a lo que vaya a dictar el gobierno en turno como «relevante». ¿Cómo debería de ser una nueva ley? Ya se hicieron consultas, sólo hay que escuchar en lugar de ignorar.

¿Los académicos deberíamos de investigar lo que determinen los políticos? Obviamente no. ¿No sería mejor si los políticos hicieran lo que determinemos los científicos? Tampoco, ya que desconocemos las peculiaridades pragmáticas del oficio. Lo ideal sería que hubiese diálogo real, no sólo entre gobierno y academia, sino incluyendo también a empresas y sociedad. Entre todos podremos encontrar mejores soluciones que sólo desde nuestra perspectiva limitada.

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1 pensamiento sobre “Ley anticiencia”

  1. El documento no dice que propone la Ley y como ella afecta a la comunidad científica, solo dice: No nos gustó, mandamos una carta y nos dicen que algunos son corruptos.

    Ni siquiera dice, que estaba escrito en la carta enviada por la comunidad científica. Es evidente que uno tiene que buscar y claro que lo haré, pero, en ese caso al yo buscar e informarme sobre la Ley, pierde sentido al leer este artículo titulado, “Ley anticiencia”, e iniciar diciendo “¿Qué no las leyes deberían de beneficiar a aquello que tratan de regular?”, inicia con una crítica parecida sacada un a conclusión, y el lector pensaría, “bueno, el autor explicará porque dice eso”, solo dice no nos gusta, sus respuestas son ad hominem, y de debería haber diálogo para hacer la ley.

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