Impunidad – Carlos Gershenson
Recientemente se ha discutido lo difícil que es levantar un acta ante el Ministerio Público: hay que invertir varias horas, los servidores públicos llegan a ofender a las víctimas (ya no digamos extorsionar) y muchos se preguntan si vale la pena el esfuerzo. Entre los delitos que no se denuncian (la mayoría) y de los pocos que sí se denuncian, sólo una minoría se esclarecen: alrededor de uno de cada cien delitos tienen una sentencia. Y no ha sido muy diferente desde que tenemos datos. Pero el que siempre haya sido así no implica que no lo podamos cambiar.
Abundan casos recientes de impunidad que muestran distintas fallas de nuestro sistema judicial: periodistas asesinados, los agresores de Lydia Cacho, escándalos de corrupción sin consecuencia.
También tenemos casos como los de Félix Salgado Macedonio y Pedro Salmerón, donde hay acusaciones (formales o «informales») relacionadas con violencia de género, pero versiones encontradas que nos dejan en la incertidumbre de si son culpables o víctimas de difamación. El problema es que estas situaciones no se esclarecen. De cualquier manera, quisiéramos que gobernadores y embajadores tuviesen las habilidades sociales para que nadie los acuse de nada, sea cierto o no.
Otro problema es el uso parcial de la justicia. Peniley Ramírez ha reportado en estas páginas diversos casos donde se usan instituciones para investigar a opositores, más recientemente a cinco alcaldes en la CDMX. Y también tenemos el caso de los 31 académicos acusados de crimen organizado, que no tiene ni cómo sostenerse pero de alguna manera todavía no se resuelve.
El problema de la impunidad va más allá de la impartición de la justicia. La vieja propuesta del Partido Verde de pena de muerte para secuestradores, además de sus dilemas éticos, no tenía sentido si la mayoría de los criminales no son procesados. A pesar de la reforma de 2016, el Sistema de Justicia Penal no se da abasto. Ni duplicándolo sería suficiente. La alternativa es simplificar los procesos para que el mismo sistema pueda procesar muchas más carpetas en mucho menos tiempo. Pero también se requieren cambios sociales para reducir la incidencia de delitos. Debería de ser más fácil que no se cometan a castigar la mayoría. Más policías o militares en las calles tampoco han reducido notablemente ni la incidencia ni el castigo de crímenes.
Estas situaciones se han estudiado matemáticamente usando Teoría de Juegos en problemas relacionados con la evolución de la cooperación. En una población, puede haber la tentación de ser «egoísta» (buscar un beneficio individual a costa del grupo) por distintos motivos. Para evitarlo, se puede aumentar la probabilidad de castigo (que en México es del 1%) y se puede también reducir el costo del castigo (que es elevadísimo en tiempo y dinero). Por otro lado, también se puede reducir la «tentación» disminuyendo la desigualdad entre «cooperadores» y «egoístas» (premiando a cooperadores o beneficiando menos a egoístas). Si el riesgo de ser egoísta no justifica sus beneficios, más individuos decidirán cooperar.
En todos los países hay impunidad, ya que siempre habrá tentación. Pero se puede reducir drásticamente para el beneficio de la sociedad. Estamos en una situación donde la gobernabilidad está cerca del colapso por tanta violencia, corrupción e injusticia. Obviamente, la situación no cambiará si simplemente elegimos a políticos de otros partidos. El problema es mucho más complejo. Tenemos que cambiar las condiciones que permiten que la impunidad persista. Parecería un problema de huevo y gallina, ya que muchos beneficiados de la impunidad impiden que cambie la situación. Aunque sean minoría, su poder y sus intereses les permiten perpetuar las organizaciones «disfuncionales», cosechando beneficios «egoístas» con un alto costo social.
Toleramos a la impunidad porque no nos imaginamos cómo podría ser diferente. ¿Qué tipo de organizaciones serían necesarias para que se reduzca la impunidad? Dada la complejidad del fenómeno, el gobierno no puede lograr los cambios que necesitamos. Tendría que gestarse una organización social con una amplia participación, de manera tal que se pueda coordinar con el gobierno para prevenir delitos. No sé cómo funcionaría. Hay que seguir imaginando. La impunidad no disminuirá por sí sola.
Artículo en https://reforma.com/KzMt3r
